La empresa Industrial Minera México mantiene un importante adeudo por concepto de impuesto predial con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que actualmente supera los 280 millones de pesos. La cifra representa un incremento de alrededor de 16.7 % respecto al año anterior, cuando el pasivo era de aproximadamente 240 millones de pesos, informó el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos.
El alcalde señaló que la deuda corresponde principalmente al ejercicio fiscal 2025, y también se siguen acumulando los montos pendientes para 2026, ya que estos últimos aún no vencen. Debido a esta situación, el gobierno municipal activó requerimientos fiscales formales en contra de la empresa, proceso que lleva en marcha más de seis meses con el objetivo de concretar el cobro.
A pesar del proceso legal, Galindo Ceballos aseguró que existe disposición por parte de la administración municipal para negociar un acuerdo que permita regularizar la deuda en términos que no prolonguen un conflicto jurídico, enfatizando que “es mejor un buen acuerdo que un buen pleito”.
Recaudación y estrategia fiscal municipal
El alcalde también destacó que 2025 ha sido uno de los mejores años en recaudación de impuesto predial en la capital potosina, tanto por la cobranza habitual como por acciones relacionadas con programas de facilidades de pago y descuentos, lo que ha llevado a que el municipio supere el millonario monto de recaudación total comparado con 2024.
No obstante, señaló que Minera México sigue siendo el principal deudor en este rubro, sin que se registre otro caso de una empresa con una deuda de magnitud similar. El Ayuntamiento también ha extendido invitaciones directas a otros grandes contribuyentes de la zona industrial para que se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales.
Contexto más amplio del sector minero en México
La cuestión de adeudos fiscales de empresas mineras en México no se limita al nivel municipal. A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó recientemente una sentencia que obliga a la empresa Primero Empresa Minera, filial de una importante minera canadiense, a pagar más de 2,868 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por impuestos federales, incluyendo actualización, recargos y multas correspondientes a ejercicios fiscales pasados. Este fallo muestra el interés de autoridades fiscales por cobrar adeudos de gran magnitud a compañías mineras en diferentes niveles de gobierno.
Además, a nivel federal se han planteado propuestas para aumentar los derechos mineros y compensar la caída en recaudación de 2024, que reportó una reducción de alrededor del 32 % respecto al año anterior. Estas posibles reformas buscan incrementar los ingresos públicos derivados de la actividad minera.





