Un grupo de padres de familia se concentró a las afueras del Poder Legislativo, ubicado en Vallejo, para visibilizar lo que consideran una problemática creciente: la imposibilidad de convivir con sus hijos derivada, afirman, de denuncias falsas y procesos legales que los excluyen de manera sistemática.
Bajo el lema #SoyPapáNoCriminal, los manifestantes señalaron que el movimiento tiene presencia no solo a nivel local, sino también nacional e internacional. Entre ellos, David Neftalí Muñoz Ruiz explicó que participa en representación de su hijo y denunció que, como en otros casos, su régimen de convivencia fue interrumpido tras una acusación que califica como infundada.
“Muchos papás hemos sido impedidos de ver a nuestros hijos por denuncias falsas. En automático se otorgan medidas de protección a las madres, mientras que a nosotros se nos deja completamente fuera”, expresó.
Los inconformes señalaron que, en su experiencia, los procesos legales suelen avanzar con mayor lentitud cuando son iniciados por padres, lo que agrava la separación familiar. Además, sostuvieron que existen casos en los que incluso hay hombres privados de la libertad tras denuncias que —aseguran— no han sido debidamente investigadas.
Durante la manifestación, también hicieron un llamado a jueces y legisladores para que, en lugar de priorizar únicamente la perspectiva de género, se privilegie una perspectiva de infancia, centrada en el bienestar de niñas y niños. Consideran que los menores son los más afectados al enfrentar tanto la separación de sus padres como los conflictos legales derivados.
Muñoz Ruiz compartió su experiencia personal, señalando que su hijo habría sido influenciado en su contra, lo que, dijo, ha impactado su relación. “Los niños viven un doble drama: la separación de sus padres y la disputa legal. Necesitamos que se garantice una convivencia sana y equilibrada”, apuntó.
Finalmente, los manifestantes exigieron que las autoridades realicen evaluaciones más profundas en los casos familiares, incluyendo análisis psicológicos y psiquiátricos de ambas partes, con el objetivo de asegurar entornos seguros para los menores y decisiones judiciales más equitativas.
