La diputada Gabriela Torres consideró que el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial debe centrarse en la forma en que se legisla la materia y no en la necesidad de establecer controles, al señalar que existen aspectos de la reforma aprobada que podrían generar afectaciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Durante la manifestación realizada este día en las instalaciones del Congreso del Estado, donde ciudadanos solicitaron la revisión de diversos temas relacionados con la libertad de expresión y la denominada “Ley Serrano”, la legisladora señaló que desde el inicio expresó reservas sobre la ruta que siguió la regulación de la inteligencia artificial, al considerar que el tema no debe abordarse desde una perspectiva penal.
Explicó que el uso de estas tecnologías requiere atención en ámbitos como la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el combate a delitos relacionados con la violencia sexual digital. Recordó que existen desafíos importantes para garantizar justicia en estos casos, particularmente por la operación de plataformas digitales que difunden contenido ilícito sin contar con representación legal en México.
Torres coincidió con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que la regulación de la inteligencia artificial debe enfocarse en la prevención y en la definición de reglas claras para su utilización, evitando disposiciones ambiguas que puedan derivar en violaciones a los derechos humanos.
La legisladora destacó que actualmente existen acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma, por lo que consideró importante esperar las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sostuvo que cualquier iniciativa presentada ante el Congreso del Estado debe ser recibida, turnada y analizada por las comisiones legislativas correspondientes, independientemente de su origen o contenido.
Respecto a los acontecimientos registrados durante la protesta, Gabriela Torres hizo un llamado a privilegiar el diálogo y la escucha antes de recurrir a cualquier medida de fuerza. Señaló que las manifestaciones no deben ser criminalizadas y que las autoridades deben agotar las vías de comunicación con los ciudadanos para atender sus planteamientos y preocupaciones.
