El pasado 9 de junio, el silencio verde de la Huasteca Potosina se rompió con el estruendo de un operativo policial. Más de un centenar de indígenas de las etnias Náhuatl y Téenek fueron expulsados de manera violenta del predio conocido como “La Peña”, en el municipio de Tampamolón Corona.
Hoy, a diez días del desalojo, las huellas de la fractura social no solo se leen en los expedientes judiciales o en los comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —que se apresuró a calificar el acto como el cumplimiento de una «orden judicial clara»—; se leen, sobre todo, en los rostros de los hombres y mujeres que hoy caminan las calles de la capital potosina buscando que el Gobierno del Estado y la SEDATU volteen a verlos. Desde una perspectiva antropológica, el desalojo en la Huasteca nunca es un simple trámite agrario ni un mero asunto de linderos. Para las comunidades originarias, el territorio no es una mercancía medible en metros cuadrados o escrituras notariales; es el espacio donde se teje la vida, la cosmovisión y el sustento.
«La Peña» se había convertido en un emblema contemporáneo de resistencia indígena frente a las estructuras de poder local, un santuario de arraigo para familias cuya historia comunitaria está ligada al cultivo de la tierra y al respeto de sus dinámicas ancestrales.
El operativo del 9 de junio visibilizó, una vez más, la histórica asimetría entre el derecho positivo mexicano y los sistemas de vida comunitarios. Mientras las autoridades defienden la legalidad del desalojo bajo el amparo de la fuerza pública, los habitantes de La Peña denuncian graves irregularidades y un uso desproporcionado de la violencia que vulneró a niños, ancianos y mujeres. Despojar a una comunidad Téenek o Náhuatl de su espacio geográfico equivale a despojarla de su identidad.
El desplazamiento forzado rompe el tejido social y genera un fenómeno de desterritorialización, donde los individuos quedan suspendidos en un limbo legal y habitacional, convertidos en exiliados dentro de su propio estado.»No venimos a pedir prebendas, venimos a defender lo que nos da identidad y sustento», se escucha entre los testimonios de los afectados, quienes hoy esperan una mesa de diálogo definitiva con las dependencias federales y estatales.
Los habitantes de La Peña que hoy se concentran en la capital potosina representan la persistencia de los pueblos originarios frente al olvido institucional. La reunión pendiente con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no es solo una negociación política; es la última línea de defensa para evitar el desarraigo definitivo.Mientras la burocracia avanza a su propio ritmo, los testimonios recogidos en las entrevistas reflejan un dolor profundo, pero también una dignidad inquebrantable. La demanda es clara: una revisión a fondo del conflicto agrario, el cese a la criminalización de la defensa de la tierra y una solución que restituya la paz y los derechos humanos de quienes dinamizan culturalmente a la Huasteca.La moneda está en el aire. De la voluntad política del Gobierno y la SEDATU dependerá si «La Peña» se convierte en un símbolo de justicia y reconciliación histórica, o en una cicatriz más en la larga cronología del despojo indígena en San Luis Potosí.
