La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, Denisse Porras, afirmó que los ayuntamientos no pueden escudarse en la falta de recursos para incumplir resoluciones judiciales, al referirse al caso del municipio de Venado, donde persisten adeudos a integrantes del Cabildo.
Explicó que este tipo de conflictos, promovidos por síndicos y regidores por falta de pago de sus remuneraciones, no es nuevo para el tribunal. Sin embargo, subrayó que ninguna autoridad puede dejar de acatar una sentencia bajo el argumento de limitaciones presupuestales. “Las resoluciones están para cumplirse”, enfatizó.
Porras detalló que el tribunal ha buscado mediar entre las partes para que se alcancen convenios de pago, incluso en parcialidades, una vía que ha sido validada por instancias federales como la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, advirtió que el incumplimiento genera sanciones adicionales.
Entre las medidas aplicadas se encuentran amonestaciones y multas, algunas de las cuales ya han sido cubiertas por el ayuntamiento; sin embargo, estas continúan incrementándose mientras no se acate la sentencia. “Entre más tiempo pase, más se complica la situación”, señaló.
En cuanto al monto del adeudo, indicó que ronda los 700 mil pesos por persona afectada, lo que en conjunto podría superar los cinco millones de pesos, sin contar las multas acumuladas desde 2023, año en que se emitió la resolución.
La magistrada también advirtió que, de persistir el desacato, el tribunal podría dar vista al Congreso del Estado de San Luis Potosí para proceder a la eventual remoción de funcionarios municipales, una de las sanciones previstas en la ley.
Sobre el contexto electoral rumbo a 2027, Porras abordó el tema de posibles simulaciones en acciones afirmativas, como los casos en que personas se autoadscriben a un género distinto para cumplir cuotas. Reconoció que, mientras la legislación mantenga vacíos, las autoridades tienen un margen de acción limitado.
Indicó que es necesario fortalecer el marco normativo, tanto a nivel federal como local, para establecer reglas claras que eviten abusos y den certeza a los procesos electorales. “Si la ley es ambigua, los partidos encuentran espacios para eludirla”, advirtió.
Finalmente, consideró que además de las autoridades, también los partidos políticos y la ciudadanía tienen responsabilidad en garantizar la legitimidad de las candidaturas, al momento de postular y votar, respectivamente.
