La titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (INDEPI), Bernarda Reyes Hernández, advirtió que la comercialización injusta y la reproducción industrial de piezas tradicionales representan una amenaza directa para la economía y la identidad cultural de los pueblos originarios en la entidad.
En San Luis Potosí existe un padrón de más de 2 mil 300 artesanas y artesanos, quienes enfrentan múltiples desafíos para sostener su actividad. Desde la compra de materia prima hasta la colocación de sus productos en el mercado, el proceso está marcado por limitaciones económicas y por la presencia de intermediarios que reducen considerablemente sus ganancias.
Reyes Hernández explicó que uno de los mayores problemas aparece cuando las piezas ya están terminadas y no existen canales directos de venta. “El primer reto, sobre todo para los adultos mayores, es contar con recursos para adquirir la materia prima y mantener vivo el conocimiento heredado; pero el problema principal surge cuando no saben dónde comercializar su trabajo”, expuso.
La funcionaria señaló que es frecuente que compradores externos lleguen a las comunidades para adquirir artesanías a precios mínimos y posteriormente las revendan en ferias, exposiciones o tiendas especializadas a costos que duplican o incluso triplican su valor original. Esta práctica, dijo, genera una cadena de desigualdad que afecta directamente a quienes dependen de la artesanía como principal fuente de ingresos.
Como ejemplo, mencionó el caso del pueblo Xi’úi, donde la cestería tradicional suele ser adquirida por intermediarios en 50 o 60 pesos por pieza, mientras que en el mercado final puede alcanzar precios de entre 300 y 500 pesos. “En ese margen hay una gran injusticia que impacta de forma directa en las familias que viven de este trabajo”, afirmó.
Además de la reventa, la piratería constituye otro factor que vulnera a los pueblos indígenas. Reyes Hernández explicó que la reproducción de diseños tradicionales mediante maquinaria o procesos industriales abarata costos y desplaza el trabajo artesanal original. “No es lo mismo un bordado hecho a mano que una pieza industrial. Se requiere articulación entre distintas instancias para frenar estas prácticas, que incluso se generan fuera del país”, subrayó.
Ante este panorama, el INDEPI ha impulsado jornadas de capacitación en derechos colectivos, protección del patrimonio cultural y propiedad intelectual, así como el desarrollo de plataformas digitales que faciliten la venta directa y reduzcan la dependencia de intermediarios. El objetivo, concluyó la funcionaria, es fortalecer la autonomía económica de las comunidades indígenas y preservar el valor cultural de sus creaciones.
