No quiero ser Madrid, quiero ser San Luis”. Con esa frase, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, intentó presumir como un “gran avance” la reforma al reglamento de tránsito que prepara su administración. Sin embargo, la declaración termina evidenciando una contradicción: se habla de modelos de movilidad modernos mientras la ciudad aún no resuelve problemas básicos en sus calles.
El edil aseguró que la propuesta del nuevo reglamento “prácticamente ya está”, aunque admitió que todavía faltan consultas públicas, particularmente con personas con discapacidad.
“Prácticamente ya está, sí tenemos que hacer un par de consultas públicas a personas con discapacidad, algunas consultas, pero la propuesta ya está”, afirmó.
A pesar de ello, el alcalde adelantó uno de los cambios que contempla la reforma: declarar el Centro Histórico como zona 30, es decir, limitar la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por hora para favorecer la convivencia entre automovilistas, ciclistas, peatones y personas con discapacidad.
“Voy a adelantar algo: un gran avance como ciudad es la definición del Centro Histórico como zona 30; eso lo tienen las grandes urbes del mundo y las medianas”, señaló.
Galindo también insistió en que su intención no es copiar modelos extranjeros, aunque mencionó que este tipo de políticas ya existen en ciudades internacionales.
“No quiero ser Madrid, quiero ser San Luis”, afirmó al referirse a la implementación de este esquema en la capital potosina y a la posibilidad de lograr una convivencia más abierta entre los distintos usuarios de la vía.
El problema es que el discurso de modernidad contrasta con la realidad del propio Centro Histórico: banquetas invadidas por comercio, autos estacionados donde no deberían, ciclistas sin infraestructura segura y una vigilancia vial que en muchos casos simplemente no existe.
Hablar de “convivencia armónica” entre todos los usuarios de la vía suena bien en el papel, pero en la práctica el Ayuntamiento tampoco ha detallado cómo se hará cumplir esa zona 30, quién vigilará los límites de velocidad o qué cambios reales se harán en la infraestructura urbana.
Más aún, el propio alcalde admite que las consultas públicas todavía no se realizan, lo que deja ver que la reforma se presume antes de terminar de construirse.
Mientras tanto, el discurso oficial intenta vender la medida como un avance histórico para la ciudad. Pero con calles saturadas, movilidad desordenada y poca claridad en la aplicación de las reglas, la pregunta queda en el aire: si San Luis Potosí no quiere ser Madrid, ¿por qué intenta presumir medidas de primer mundo sin resolver primero los problemas de siempre?.
