Las redes sociales encendieron la polémica. En los últimos días, fotógrafos, videógrafos y usuarios han denunciado presuntos cobros indebidos y malos tratos en templos de San Luis Potosí, particularmente en la iglesia de la Santa Cruz y en San Martín de Porres, lo que derivó en una respuesta oficial de la Iglesia Católica.
De acuerdo con publicaciones difundidas en distintas plataformas, en la iglesia de la Santa Cruz se señala directamente al sacerdote responsable por supuestas actitudes groseras y prepotentes, así como por limitar el trabajo de fotógrafos durante ceremonias como bodas, bautizos y quince años. Incluso, algunas denuncias aseguran que han existido confrontaciones con familias y festejados que, según los testimonios, han escalado “al límite de los golpes”.
Estas situaciones provocaron llamados en redes sociales para evitar realizar celebraciones en dicho templo, como forma de presión ante lo que califican como abusos y restricciones injustificadas.
En paralelo, en la iglesia de San Martín de Porres también se reportó un caso donde presuntamente se solicitó una “cuota voluntaria” de 500 pesos para permitir el ingreso de personal externo encargado de fotografía o video.
Frente a este escenario, el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, salió al paso para fijar postura y marcar distancia de estas prácticas.
“Se les tiene que pedir orden, pero cuota no”, afirmó de manera tajante.
El representante de la Iglesia aclaró que no existe ninguna instrucción oficial para cobrar a fotógrafos o videógrafos por cubrir ceremonias religiosas, y subrayó que las familias están en su derecho de contratar a sus propios proveedores, siempre que se respete el orden y los momentos litúrgicos.
“No hay por parte de la Iglesia ninguna sugerencia ni indicación para estar pidiendo cuota, y mucho menos”, reiteró.
Ante las denuncias, Cruz Perales adelantó que se revisarán los casos para conocer qué ocurrió en cada templo y determinar si hubo abusos o decisiones individuales fuera de norma.
El contraste entre las denuncias ciudadanas y la postura institucional deja abierta la investigación interna de la Arquidiócesis, mientras crece la exigencia pública para que se garantice el respeto tanto a los fieles como a quienes prestan servicios durante celebraciones religiosas.
