Diputada Gabriela López Torres califica como un retroceso las modificaciones a la reforma judicial.

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La diputada Gabriela López Torres votó en contra del dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que los cambios representan un retroceso respecto a la reforma judicial aprobada el año pasado y contradicen los principios democráticos que impulsaron dicha transformación.

Durante la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia, la legisladora señaló que uno de los principales cambios cuestionables es el mecanismo para designar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.

Explicó que la reforma federal establecía una presidencia rotativa cada dos años, encabezada por quienes obtuvieran la mayor votación ciudadana, mientras que el nuevo dictamen propone que la persona titular sea elegida por acuerdo entre los propios magistrados y magistradas del Tribunal.

López Torres sostuvo que esta modificación deja de lado la voluntad expresada en las urnas durante la elección judicial y devuelve la decisión a los integrantes del propio Poder Judicial. «La idea de llevar la reforma al Poder Judicial era un proceso democrático», afirmó, al cuestionar qué se responderá a quienes participaron en la elección buscando obtener la presidencia mediante el voto ciudadano.

La diputada también criticó los cambios relacionados con la cobertura de vacantes de jueces y magistrados, al señalar que la reforma original ya contemplaba mecanismos para atender las ausencias mediante las personas que hubieran obtenido la siguiente mayor votación, por lo que consideró innecesario modificar ese esquema.

A su juicio, las nuevas disposiciones benefician únicamente a los integrantes del Poder Judicial y no a la ciudadanía que participó en la elección.

Lamentó que el dictamen no fuera construido mediante un consenso entre las comisiones dictaminadoras y cuestionó que el documento hubiera sido elaborado por Servicios Parlamentarios, al considerar que no existió un trabajo conjunto entre los órganos legislativos encargados del análisis de la iniciativa.

Pese a los señalamientos, el dictamen obtuvo el respaldo mayoritario de ambas comisiones.

En la Comisión de Puntos Constitucionales fue aprobado con cinco votos a favor y uno en contra, mientras que en la Comisión Segunda de Justicia recibió también cinco votos a favor y uno en contra, por lo que continuará su trámite legislativo para ser presentado ante el Pleno del Congreso del Estado.

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