El diputado Héctor Serrano Cortés afirmó que la discusión nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial representa un avance importante para establecer un marco legal que permita atender los retos que plantea esta tecnología, al considerar que México no puede permanecer ajeno a un debate que ya se desarrolla en distintos países.
El legislador señaló que la decisión anunciada por la presidenta de México confirma la importancia de establecer una regulación que permita conocer el funcionamiento de las plataformas digitales y los alcances de la inteligencia artificial, sin que ello represente una afectación a la libertad de expresión.
Serrano Cortés destacó que San Luis Potosí fue una de las primeras entidades en abrir el debate sobre este tema mediante una iniciativa presentada en el Congreso local, por lo que consideró positivo que ahora el análisis se lleve al ámbito nacional con la participación de especialistas.
Indicó que, de acuerdo con el anuncio realizado por la titular del Ejecutivo federal, una vez concluido el Mundial de Futbol iniciarán los trabajos con expertos para construir una propuesta legislativa. Añadió que diversos países ya cuentan con avances importantes en la regulación de la inteligencia artificial, por lo que México no puede mantenerse al margen de esta discusión.
El diputado adelantó que en San Luis Potosí también se realizarán foros de análisis con periodistas, especialistas y expertos en inteligencia artificial, incluso con la posibilidad de contar con la participación de académicos internacionales, con el objetivo de enriquecer la propuesta local.
Sostuvo que toda legislación es perfectible y puede modificarse conforme evolucionen las necesidades sociales y los criterios jurídicos. En ese sentido, afirmó que, si el Congreso de la Unión aprueba una ley de alcance federal, el estado buscará acompañar y armonizar su iniciativa con el nuevo marco normativo.
Finalmente, al ser cuestionado sobre una posible regulación para la venta de alcohol durante eventos masivos, Serrano evitó fijar una postura definitiva y señaló que corresponde al Gobierno del Estado valorar las condiciones de seguridad y orden público para determinar la viabilidad de una medida de ese tipo.
