Decidir qué calles se iluminaban y cuáles no era uno de los ejercicios de poder más sutiles y efectivos del ayuntamiento potosino. La luz no era para todos; era un privilegio que se distribuía según el peso político y económico de los vecinos.
Las calles donde vivían las «mejores familias» o donde se ubicaban los edificios de gobierno eran las primeras en recibir faroles de gas, mientras que los barrios populares debían conformarse con la luz de la luna o con la oscuridad total.
La luz era una recompensa. Si una zona de la ciudad se portaba bien o tenía habitantes influyentes, el ayuntamiento instalaba alumbrado. Si una zona era conflictiva, se la dejaba en sombras como una forma de castigo o de abandono premeditado.
El control de la luz permitía moldear el valor de las propiedades y el flujo de la gente. Así, la red de alumbrado público terminó siendo un mapa de las preferencias políticas de la época: se iluminaba lo que se quería mostrar y se dejaba a oscuras lo que el poder prefería ignorar. En San Luis, la luz siempre ha sido un asunto de presupuesto, pero sobre todo de jerarquía.
