Mientras el Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la creación de la Comisión de Gestión, Bienestar y Protección Animal junto con la cuenta pública 2025, la realidad dentro de las propias oficinas municipales muestra que la atención al maltrato animal continúa enfrentando rezagos administrativos, operativos y legales.
La nueva comisión, impulsada a iniciativa de regidores y respaldada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, busca formalizar la agenda animalista dentro del Ayuntamiento y abrir la posibilidad de asignar presupuesto específico. Sin embargo, el acuerdo ocurre en un contexto donde las áreas municipales encargadas del bienestar animal ya operan con denuncias acumuladas, limitaciones de seguimiento y escasa judicialización de casos.
De acuerdo con reportes municipales, diariamente se reciben entre cinco y diez quejas ciudadanas por presunto maltrato animal, principalmente por perros abandonados, amarrados permanentemente o expuestos a condiciones extremas en azoteas.
No obstante, la mayoría de estos casos permanece en procesos administrativos internos y solo una fracción se convierte en denuncias formales ante la Fiscalía, lo que limita sanciones reales contra responsables.
Durante los últimos años, los reportes ciudadanos han superado ampliamente las denuncias legales presentadas, evidenciando una brecha entre la recepción de quejas en oficinas municipales y la capacidad institucional para llevar los casos a consecuencias jurídicas.
Aunque el Ayuntamiento cuenta con un Centro de Bienestar Animal y reglamentación vigente, trabajadores municipales han reconocido que muchas intervenciones se reducen a apercibimientos o visitas preventivas, debido a que las áreas municipales carecen de facultades para sancionar penalmente sin la intervención estatal.
Esto provoca que numerosos casos regresen al mismo punto: vecinos que denuncian reiteradamente situaciones similares sin una resolución definitiva.
La creación de una nueva comisión dentro del Cabildo se suma así a una estructura ya existente, lo que abre cuestionamientos sobre si el problema radica en la falta de órganos administrativos o en la capacidad real de ejecución de las dependencias municipales.
La aprobación de la Comisión de Gestión, Bienestar y Protección Animal coloca nuevamente el tema en la agenda política municipal. Sin embargo, el desafío permanece dentro de las propias oficinas del Ayuntamiento, donde se concentran las denuncias cotidianas y donde, hasta ahora, los resultados han sido limitados frente al volumen de casos reportados.
Así, el nuevo órgano aprobado por Cabildo llega en un escenario donde la principal exigencia ciudadana no es la creación de más instancias, sino la efectividad de las ya existentes.
