A más de un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, colectivas feministas señalan que persisten dificultades para acceder a la interrupción legal del embarazo, principalmente por falta de información, limitada cobertura hospitalaria y objeciones de conciencia dentro del sistema público de salud.
Nuria Serrano, integrante de la colectiva ILE, explicó que continúan recibiendo solicitudes de orientación de mujeres que desconocen dónde acudir para acceder al procedimiento, pese a que legalmente ya puede realizarse en instituciones públicas.
“Hospitales públicos que lo están realizando son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Siguen llegando solicitudes de chicas que buscan cómo hacerle y de grupos de otros municipios, ya que la información es difícil de buscar; esa es la mayor demanda que existe todavía desde que se despenalizó el aborto”, señaló.
La activista indicó que una de las principales exigencias es ampliar la red de atención gratuita.
“Que haya más accesibilidad, más hospitales, sobre todo porque son estos donde es gratuito el servicio”, agregó.
Serrano afirmó que, aunque existen unidades médicas designadas para brindar el servicio, en la práctica muchas mujeres enfrentan obstáculos derivados de la objeción de conciencia del personal médico.
“Hay mucho personal médico que es objetor de conciencia y muchas veces esa objeción no está respaldada en algo realmente consistente; muchas veces es un tema moral en el que el personal se escuda. El personal capacitado no negaría el servicio; es un sistema de salud”, explicó.
De acuerdo con colectivas, esta situación reduce la disponibilidad real del procedimiento, ya que no siempre hay personal dispuesto o capacitado para realizarlo dentro de las instituciones públicas.
La colectiva ILE ha identificado que gran parte de las solicitudes proviene de municipios fuera de la capital potosina.
“A nosotros en la página nos han llegado varias de Rioverde principalmente, pero también de Ciudad Valles y otras que al final de cuentas se tienen que venir a la capital”, detalló Serrano.
Esto obliga a mujeres a trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí para acceder al servicio, lo que implica mayores costos y tiempos de espera.
Aunque la interrupción legal del embarazo fue despenalizada en 2024, la prestación del servicio aún se encuentra concentrada en pocas unidades médicas.
A nivel estatal, se estima que solo un hospital y alrededor de ocho clínicas públicas realizan actualmente procedimientos de interrupción legal del embarazo, pese a que el sistema de salud cuenta con una mayor infraestructura hospitalaria.
Durante el último año se han registrado más de 600 solicitudes de interrupción del embarazo en la entidad, aunque una parte importante de los procesos continúa realizándose con acompañamiento de colectivas, lo que refleja que el acceso institucional todavía presenta limitaciones.
La mayoría de los procedimientos se realizan en la ciudad de San Luis Potosí, principalmente en hospitales federales, mientras que en municipios del interior la disponibilidad sigue siendo reducida.
Esta centralización obliga a mujeres de distintas regiones del estado a desplazarse hacia la capital para ejercer un derecho que ya es legal, pero cuya implementación aún no es homogénea en todo el sistema de salud.
Para colectivas y acompañantes, el principal reto tras la despenalización ya no es jurídico, sino garantizar que el servicio sea accesible, oportuno y sin barreras dentro de las instituciones públicas.
