La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado reiteró que cualquier posible aumento a la tarifa del transporte público urbano no será determinado por las solicitudes de los concesionarios, sino con base en criterios técnicos ligados al comportamiento de la inflación y a compromisos de mejora en la prestación del servicio.
La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, explicó que aún no existe una tarifa definida y que su posible actualización dependerá del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indicador que se publica oficialmente entre los días 10 y 15 de cada mes y que se utiliza para calcular ajustes económicos a servicios públicos. El cálculo técnico que derive de este índice será el que determine si procede un ajuste y en qué proporción aplicarlo al transporte urbano.
Martínez Acosta insistió en que el aumento no puede definirse de forma arbitraria ni responder a lo que planteen los concesionarios del transporte, quienes en ocasiones han propuesto cifras que no están respaldadas por análisis técnicos ni por la normativa vigente. “El ajuste no es lo que ellos digan o lo que ellos quieran”, afirmó, subrayando que la actualización se basa en la metodología del INPC y en el cálculo oficial de la Secretaría.
La SCT también ha señalado que la autorización de un posible ajuste tarifario estaría vinculada a mejoras efectivas en el servicio, incluidas inversiones en modernización de unidades, atención a usuarios y cumplimiento de estándares que permitan elevar la calidad del transporte. En años recientes, las autoridades han condicionado cualquier alza al cumplimiento de compromisos de renovación y mejora por parte de los permisionarios.
Mientras tanto, el debate sobre el costo del transporte ha generado reacciones de distintos sectores sociales. Usuarios y organizaciones han expresado su rechazo a posibles incrementos sin respaldo técnico, argumentando que el transporte es un servicio básico y no un negocio, lo que ha aumentado la presión para que cualquier análisis tarifario considere el impacto social en la población usuaria.
Además, el escenario del transporte urbano en San Luis Potosí se da en un contexto de reconocimiento de deficiencias del servicio por parte de permisionarios, quienes han señalado que los altos costos operativos —especialmente por combustible y mantenimiento— dificultan la sostenibilidad económica del sector, y han planteado la posibilidad de subsidios o recursos extraordinarios para apoyar la operación sin trasladar el costo completo al pasaje.
La definición final del ajuste de tarifa, en caso de proceder, será presentada oficialmente una vez que se publique el INPC correspondiente y se realice el cálculo técnico conforme a la normativa estatal vigente, lo que se espera en la primera mitad de enero.
