La relación de San Luis Potosí con el alcohol siempre ha sido un ejercicio de equilibrismo entre el escándalo público y la tolerancia privada.
El bando de policía y buen gobierno perseguía con celo a los borrachos escandalosos de los barrios, imponiéndoles multas y trabajos forzados en la limpieza de las acequias; pero al mismo tiempo, las autoridades otorgaban licencias de cantina en cada esquina del centro porque sabían que el impuesto al pulque y al mezcal sostenía el presupuesto municipal. Era una moral con dos ventanillas.
Este doble discurso obligaba a los consumidores a mantener las formas incluso en la ebriedad. Se podía beber con exceso, pero de preferencia detrás de las puertas cerradas de la cantina elegante o en la clandestinidad del hogar; lo imperdonable para la sociedad potosina era perder los modales en la plaza pública o hacer dudar al vecino de tu decencia familiar.
La cantina era el territorio autorizado para el desahogo, una zona de exclusión moral donde la ciudad permitía el vicio siempre y cuando no salpique la pulcritud de los portales, recordándonos que en San Luis, el pecado se tolera con generosidad si se sabe guardar el secreto y mantener el sombrero derecho al salir a la calle.
