La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa, aseguró que el periodo vacacional del Poder Judicial no representa una suspensión de la impartición de justicia, ya que las áreas penales continúan operando de manera normal con personal que toma sus descansos de forma escalonada, mientras se fortalecen los órganos jurisdiccionales para atender la carga de trabajo acumulada.
La magistrada explicó que el periodo vacacional corresponde a un derecho laboral del personal, pero precisó que desde mediados de junio se logró disminuir parte del rezago con la incorporación de nuevos secretarios de acuerdos, resultado de un proceso de selección que permitió robustecer los juzgados. Añadió que actualmente también se desarrollan concursos para proyectistas y actuarios, perfiles que contribuirán a agilizar la resolución de los asuntos pendientes.
Zarazúa reconoció que las materias familiar y penal habían registrado una importante acumulación de expedientes; sin embargo, enfatizó que en el ámbito penal las actividades no se detienen durante las vacaciones. Incluso, informó que recientemente se dictaron diversas sentencias condenatorias, principalmente por delitos de homicidio, como resultado de procesos que en algunos casos se prolongaron debido a la interposición de recursos y a la complejidad de las audiencias.
Respecto a los delitos de narcomenudeo, uno de los de mayor incidencia en el estado, explicó que la determinación de si una persona enfrenta el proceso en libertad o en prisión preventiva depende de diversos factores, entre ellos el gramaje de la droga asegurada, la reincidencia y si el delito está acompañado de otras conductas como portación de armas o lesiones. Señaló que, cuando la legislación lo permite, los imputados pueden acceder a procedimientos abreviados u otros beneficios procesales.
La presidenta del Poder Judicial recordó que durante este año alrededor de 300 a 350 personas obtuvieron acceso a mecanismos alternativos o beneficios previstos por la ley, lo que también ha contribuido a evitar la saturación de los centros penitenciarios y a hacer más eficiente el sistema de justicia.
Sobre las críticas relacionadas con personas que permanecen en prisión preventiva sin sentencia, Zarazúa señaló que el Poder Judicial revisa permanentemente estos casos para identificar posibles retrasos. Indicó que la duración de los procesos no siempre obedece a la carga de trabajo de los juzgados, sino también a las estrategias procesales, la presentación de recursos o la falta de cumplimiento de requisitos por parte de las defensas para acceder a determinados beneficios.
En ese sentido, informó que se elabora una estadística de los asuntos que aún no cuentan con sentencia, con el propósito de detectar expedientes que lleven varios años en trámite y analizar, en coordinación con la Defensoría Pública, las acciones que permitan agilizar su resolución, sin prejuzgar sobre las estrategias utilizadas por los abogados defensores.
Finalmente, la magistrada destacó que recientemente se emitió una sentencia de 50 años de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares, la más alta dictada por ese ilícito durante su administración. No obstante, recordó que la condena más severa emitida por el Poder Judicial en este periodo ha sido de 96 años de prisión por un homicidio múltiple ocurrido en el municipio de Huasteca, precisando que las penas siempre se determinan conforme a los parámetros legales y a las circunstancias específicas acreditadas en cada caso.
