Ante los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, aseguró que San Luis Potosí mantiene un operativo permanente de vigilancia en los límites con la entidad vecina y que las acciones preventivas se han reforzado para evitar que la incidencia delictiva se traslade al territorio potosino.
El funcionario explicó que la estrategia de seguridad en la frontera con Zacatecas no responde únicamente a los acontecimientos recientes, sino que desde hace varios meses se mantiene un esquema de alertamiento y presencia operativa. Recordó que, tras los hechos ocurridos el 22 de febrero en Jalisco, San Luis Potosí logró mantenerse al margen de la ola de violencia gracias a las acciones coordinadas entre las corporaciones de seguridad.
Juárez Hernández advirtió que cuando un grupo criminal ejecuta actos de alto impacto, otras organizaciones delictivas suelen intentar replicar esas estrategias, por lo que el objetivo es contener cualquier intento de expansión hacia territorio potosino. En ese sentido, señaló que personalmente, junto con mandos de la XII Zona Militar y de la Guardia Nacional, realiza supervisiones y patrullajes para verificar que el personal cumpla con las tareas encomendadas.
Como parte del operativo, informó que actualmente funcionan 12 Puntos de Atención Ciudadana y Bases Operativas Móviles Interinstitucionales, con la meta de llegar a 15. Entre ellos destacan los instalados en los accesos provenientes de Pinos y Ojuelos, Zacatecas, hacia San Luis Potosí. En estas acciones participan alrededor de 250 elementos durante los turnos nocturnos, integrados por la Guardia Civil Estatal, su División Caminos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Respecto al operativo Verano Seguro 2026, indicó que se mantiene vigilancia en carreteras estatales y federales, zonas comerciales, áreas escolares, parajes turísticos y municipios donde se desarrollan eventos culturales o recreativos, en coordinación con Protección Civil y otras instituciones. Precisó que, hasta el momento, no se ha registrado un incremento en algún delito específico durante el periodo vacacional.
Sobre la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, que señala que cerca del 90 por ciento de las personas internas en centros penitenciarios son madres o padres de familia, el secretario consideró que esa condición no es un factor determinante para la comisión de delitos. No obstante, afirmó que sí representa un elemento importante para favorecer los procesos de reinserción social, al constituir una red de apoyo para las personas privadas de la libertad.
Explicó que, una vez que una persona ingresa a un centro penitenciario por orden judicial, se le integra un expediente de seguimiento en el que participan especialistas en psicología, criminología, medicina, odontología, educación y deporte, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los cinco ejes de la reinserción social.
Finalmente, al referirse a que el narcomenudeo es el delito con mayor incidencia entre la población penitenciaria estatal, Juárez Hernández señaló que existen protocolos de atención médica y seguimiento especializado para personas con problemas de adicciones. Añadió que el combate al narcomenudeo forma parte de la estrategia para debilitar a los grupos criminales y contribuir a la disminución de delitos de alto impacto, particularmente los homicidios dolosos.
