La presunta venta ilegal de agua en la capital potosina volvió a encender la polémica luego de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) detectara concesiones otorgadas para la comercialización del recurso, situación que, según el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, evidencia prácticas que durante años permitieron lucrar con la escasez hídrica.
El mandatario estatal aseguró que el tema fue abordado recientemente con autoridades federales y calificó el problema como una práctica recurrente en San Luis Potosí, atribuida a lo que denominó la “maldita herencia”, señalando que históricamente se ha permitido el aprovechamiento irregular del agua mientras colonias enteras enfrentan desabasto.
“Es algo muy recurrente en San Luis Potosí, el lucrar con el agua siempre ha sido algo que la maldita herencia ha hecho durante muchos años y ayer quedó evidenciado una vez más cómo se lucra con el agua”, declaró.
De acuerdo con el gobernador, el esquema consistiría en dejar sin suministro a distintas zonas para posteriormente incrementar la venta de agua mediante pipas a costos elevados, generando ganancias privadas en medio de la crisis hídrica.
Además, acusó que parte del agua comercializada provendría de mantos acuíferos sin regulación o de pozos que presentan irregularidades administrativas, ya que según explicó existen concesiones que no corresponden geográficamente al lugar donde realmente se extrae el recurso.
“Se empieza a vender una cantidad de pipas estratosféricas, desgraciadamente de mantos acuíferos que ni siquiera están regulados, pozos que no tienen permisos o cuya concesión no coincide con la ubicación de extracción”, afirmó.
El señalamiento ocurre en un contexto donde el abastecimiento de agua continúa siendo una de las principales quejas ciudadanas en la zona metropolitana, mientras autoridades federales revisan la legalidad de concesiones y posibles irregularidades en el uso del recurso.
Hasta el momento, no se ha informado cuántas concesiones estarían bajo investigación ni si existirán sanciones contra particulares o funcionarios vinculados con estos permisos.
La situación abre nuevamente el debate sobre la gestión histórica del agua en la entidad y la falta de controles efectivos que, según denuncias oficiales, habrían permitido convertir un recurso público en negocio privado durante años.
