Mientras el Ayuntamiento de San Luis Potosí impulsa una reforma para simplificar trámites y regularizar negocios, el propio alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que en la capital potosina entre 10 mil y 12 mil unidades económicas operan sin licencia de funcionamiento, es decir, fuera de la formalidad.
El edil defendió la estrategia como una medida necesaria, aunque el propio diagnóstico municipal exhibe un rezago acumulado en la materia que ha obligado ahora a implementar una regularización masiva “Es mejor estar en la formalidad y en la legalidad que estar evadiendo y correr el riesgo de suspender actividades”, afirmó Galindo Ceballos, Sin embargo, el reconocimiento de miles de negocios irregulares pone sobre la mesa una realidad que se ha mantenido por años: la dificultad de los propios esquemas municipales para facilitar la legalización de establecimientos ya consolidados.
El alcalde explicó que la intención es regularizar a comercios con años de operación que, por trabas administrativas, no lograron obtener su licencia. No obstante, el propio Ayuntamiento admite que en la capital existen entre 20 mil y 25 mil unidades de negocio, de las cuales cerca del 35 por ciento sigue en la informalidad, lo que refleja un rezago estructural más que una situación reciente.
En contraste, la administración municipal endurece el discurso hacia los nuevos negocios, a quienes se les exige cumplir desde el inicio con todos los requisitos vigentes “Los nuevos negocios deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo dictámenes de Protección Civil, Ecología, Vialidad y Bomberos”, Mientras tanto, el gobierno municipal reconoce que apenas en Protección Civil se han liberado más de mil 800 dictámenes rezagados, expedientes que permanecían detenidos y que, según la autoridad, ya fueron destrabados tras ajustes internos.
El contraste entre el rezago heredado, la informalidad reconocida y la actual “simplificación administrativa” deja en evidencia que la regularización anunciada no solo es una política de ordenamiento, sino también el reconocimiento implícito de fallas acumuladas en la gestión municipal de trámites comerciales.
