En la Nueva España, el censo era la herramienta definitiva de control económico. En San Luis Potosí, una ciudad que vivía del movimiento constante de mineros y arrieros, saber exactamente cuántas personas había era una prioridad para el fisco. No se trataba de un registro civil moderno; era una clasificación exhaustiva para garantizar que nadie escapara a sus obligaciones tributarias.
El censo era el ojo del virrey vigilando la productividad de la periferia. Estar registrado era una forma de condena: si aparecías en los padrones, te volvías blanco fácil para la leva militar o el trabajo forzado. Los escribanos recorrían los barrios anotando nombres y «calidades» de las personas.
El censo era el mapa de la obediencia. En San Luis aprendimos a vivir bajo la mirada de los registradores, entendiendo que para la Corona española la población no era un conjunto de ciudadanos con derechos, sino un recurso natural más, tan extraíble y cuantificable como las barras de plata que salían del Cerro de San Pedro con destino a Veracruz.
