La desigualdad ante la ley ha sido una de las tradiciones más sólidas y menos presumidas de San Luis Potosí. Aunque los códigos dijeran una cosa, la práctica judicial siempre ha sabido distinguir entre un reo de barrio y un infractor de apellido ilustre.
Para los primeros, la cárcel era un destino casi inevitable; para los segundos, existían las multas discretas, los arreglos familiares o los viajes repentinos para «atender negocios» en otra ciudad. La ley tenía un grosor distinto según la cuenta bancaria del acusado.
Esta diferenciación garantizaba la estabilidad de las élites. El castigo era para el pueblo, para mantenerlo a raya y recordarle su lugar en la escala social. Los poderosos, en cambio, se autorregulaban a través de sus propios códigos de honor, donde un escándalo era mucho más grave que un delito.
Esta justicia selectiva generó un profundo escepticismo hacia las instituciones que todavía arrastramos. En San Luis, aprendimos que la ley es un instrumento que se usa para disciplinar a los de abajo, mientras que para los de arriba es apenas una sugerencia que se puede negociar en una cena privada.
