El Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la asignación de recursos para obra pública durante la 33ª Sesión Ordinaria y 9ª Sesión Extraordinaria. De acuerdo con el alcalde Enrique Galindo, el recurso autorizado deberá destinarse exclusivamente a infraestructura y no podrá utilizarse en gasto corriente.
“El recurso tiene que dedicarse estrictamente a obra pública, no puede dedicarse a gasto corriente, no puede utilizarse de ninguna manera y se han tomado las medidas para que sea así”, afirmó el edil. Los fondos se canalizarán a cuatro proyectos: la intervención en El Saucito, la obra en la salida a Guadalajara, trabajos en el Río Españita y la ampliación de la UBR Maravillas.
Galindo señaló que la aprobación responde a la demanda ciudadana de infraestructura. “Llegamos a un acuerdo pensando en la ciudad, pensando en la ciudadanía que nos pide esas obras y que la manera de responder es precisamente generando mayores recursos”, declaró.
Sin embargo, la obra proyectada en El Saucito ha generado inconformidad entre un grupo de vecinos, quienes han manifestado su oposición y han señalado falta de acercamiento por parte de la autoridad municipal. Sobre este punto, el alcalde aseguró que el diálogo con la comunidad registra un avance del 90% y confió en que el proyecto pueda consolidarse.
“Yo me siento muy tranquilo por el acompañamiento del gobernador Ricardo Gallardo en la obra del Saucito y en la obra de la salida a Guadalajara porque primero le da fortaleza financiera pero le da acompañamiento político-social”, expresó.
El señalamiento sobre el acompañamiento político-social del gobierno estatal ocurre en un contexto en el que la coordinación entre autoridades municipales y estatales es observada por habitantes y actores locales, particularmente en proyectos que han generado posturas encontradas. Este acompañamiento implica no solo respaldo financiero, sino también gestión política y social para facilitar la ejecución de las obras.
La asignación de recursos y el desarrollo de estos proyectos se mantienen bajo seguimiento ciudadano respecto a los mecanismos de consulta y comunicación entre autoridades y habitantes de las zonas involucradas.
