El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, informó sobre dos hechos distintos relacionados con la seguridad en la Huasteca Potosina: las investigaciones por vehículos asegurados que el alcalde de Tanquián de Escobedo reconoció tener en su posesión y la detención de dos policías municipales de San Vicente, uno de ellos sin contratación formal, según lo declarado por el funcionario.
Sobre el caso de Tanquián de Escobedo, Juárez Hernández señaló que el presidente municipal podría ser llamado a declarar luego de reconocer que dos de los vehículos asegurados por la Guardia Civil Estatal estaban bajo su posesión. Sin embargo, aclaró que no le corresponde determinar si existe alguna relación del edil con los hechos violentos registrados en la región “Seguramente, al estar el señor presidente reconociendo que tenían en posesión sus dos vehículos, será llamado a rendir su declaración”, declaró durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
El funcionario detalló que, durante uno de los incidentes registrados en la Huasteca, la Guardia Civil Estatal aseguró cuatro vehículos con impactos de bala, dos armas largas y un lanzagranadas, además de detener a dos personas. Precisó que la Fiscalía General del Estado investigará la agresión, a los detenidos y el origen de las unidades, mientras que la Fiscalía General de la República atenderá los delitos federales relacionados con el armamento.
En un hecho distinto, el secretario confirmó la detención de dos policías municipales de San Vicente, quienes fueron intervenidos luego de que se detectara que uno de ellos no estaba contratado formalmente y que portaban un arma que no correspondía a su equipo de cargo. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, según lo informado por el funcionario “Uno de ellos está bien contratado, el otro no, y traían consigo un arma que no es de cargo”, explicó Juárez Hernández al referirse a la intervención de los agentes municipales.
Los dos casos se encuentran sujetos a las actuaciones de las autoridades correspondientes. Mientras las fiscalías deberán esclarecer los hechos relacionados con los vehículos asegurados en la Huasteca, en el caso de San Vicente corresponderá a las instancias competentes determinar la situación jurídica de los policías detenidos.
