El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, planteó tres propuestas para fortalecer la estrategia de seguridad en el estado: incrementar las penas por homicidios calificados contra policías, ampliar la atención especializada en salud mental y establecer mecanismos jurídicos que obliguen a los ayuntamientos a fortalecer sus corporaciones municipales.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario explicó que las iniciativas surgieron del análisis de las condiciones de seguridad y buscan mejorar las capacidades de las policías preventivas y de investigación para combatir los delitos.
La primera propuesta consiste en elevar las penalidades para quienes cometan homicidios calificados contra elementos policiales. Juárez Hernández argumentó que, así como la condición de servidor público puede representar un agravante cuando un policía comete determinados delitos, también debe considerarse una sanción ejemplar cuando un agente es víctima de un homicidio por el ejercicio de sus funciones.
“Por el solo hecho de ser un policía, si es objeto de este delito, pues que la penalidad sea ejemplar”, sostuvo el secretario al explicar la necesidad de revisar las sanciones aplicables a estos casos.
Como segunda medida, propuso ampliar las instituciones especializadas en salud mental para atender a personas que presentan problemas relacionados con las adicciones, la violencia y el control de impulsos. Señaló que estas situaciones deben abordarse también desde una perspectiva social y de salud, en lugar de tratarse únicamente como asuntos de seguridad pública.
La tercera propuesta está dirigida a las administraciones municipales, a las que busca obligar mediante mecanismos jurídicos a fortalecer sus policías en materia de personal, equipamiento y capacidad operativa. El funcionario consideró que la participación de estas corporaciones es necesaria para ampliar la cobertura de seguridad, particularmente en localidades alejadas donde los tiempos de traslado dificultan la intervención de las fuerzas estatales.
Juárez Hernández afirmó que, de acuerdo con los análisis realizados en las mesas de coordinación y las estadísticas de detenciones, existe una diferencia entre la actuación de la Guardia Civil Estatal y la de la mayoría de las policías municipales en el combate a grupos criminales. No obstante, reconoció que hay excepciones entre los ayuntamientos y llamó a mejorar la coordinación para atender tanto los delitos del fuero común como los relacionados con la delincuencia organizada.
