La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí retiró de circulación más de 20 vehículos que prestaban servicios de transporte sin autorización durante la semana pasada, como parte de los operativos de inspección que se mantienen en la entidad. La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, advirtió que también comenzarán a aplicarse sanciones a taxistas que incurran en irregularidades al trabajar mediante plataformas digitales.
La funcionaria explicó que los operativos no están dirigidos exclusivamente contra aplicaciones de transporte, sino contra cualquier modalidad que opere fuera de la regulación estatal, incluidos los servicios que se ofrecen a través de redes sociales. Detalló que entre las unidades detectadas había vehículos procedentes de municipios como Matehuala, Charcas y Salinas.
Martínez Acosta señaló que las multas por prestar servicios de transporte remunerado sin autorización van de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), aunque generalmente se aplica la sanción mínima, excepto cuando existe reincidencia. Justificó estas acciones por las quejas de usuarios que contratan viajes informales sin conocer la identidad de los conductores ni saber cómo actuar ante algún incidente. Por ello, exhortó a la población a utilizar únicamente servicios regulados.
En cuanto a las aplicaciones, informó que Uber ya pagó su autorización, pero todavía debe registrar los vehículos y completar la capacitación de sus conductores para que obtengan el gafete correspondiente. DiDi también se acercó a la dependencia y está por comenzar el registro de sus operadores, mientras que InDrive no ha avanzado en el trámite, situación que la secretaria atribuyó, entre otros aspectos, a su esquema de tarifas dinámicas y a los requisitos relacionados con los seguros.
La titular de la SCT reconoció que algunos taxistas concesionados trabajan mediante plataformas digitales y que han recibido quejas de pasajeros que solicitan un servicio a través de una aplicación distinta de Mi Taxi, pero reciben una unidad convencional. Indicó que hasta ahora se les había otorgado un periodo de tolerancia; sin embargo, la dependencia comenzará a integrar expedientes administrativos para determinar las sanciones correspondientes. También pidió a los usuarios reportar el número económico de las unidades cuando detecten posibles irregularidades.
Sobre las protestas de conductores de plataformas, Martínez Acosta afirmó que la SCT puede intervenir mediante procedimientos administrativos, sin necesidad de recurrir en todos los casos a la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Añadió que existe disposición para recibir y orientar a los operadores, e incluso valorar un registro provisional, aunque el procedimiento formal debe realizarse a través de las empresas. Además, informó que una universidad realiza un estudio para determinar cuántos vehículos de plataformas podrían operar en la zona metropolitana, con el propósito de establecer condiciones de convivencia entre las distintas modalidades de transporte y evitar la saturación de las vialidades. Mientras tanto, aseguró que los operativos continuarán.
