Para la administración borbónica en San Luis Potosí, el registro de población era el manual de usuario de la economía regional. Saber cuántos brazos había disponibles para la minería permitía calcular la viabilidad de los nuevos impuestos.
El censo era, en realidad, un balance contable de la fuerza de trabajo. La población era vista a través del lente de la rentabilidad: si el registro mostraba un descenso de indígenas, el gobierno entraba en pánico no por la salud de la gente, sino por la caída de la producción de plata. Este control económico permitía una planificación centralizada que rara vez beneficiaba a los registrados.
El censo dictaba quiénes debían pagar el «tributo de indios». En San Luis, la burocracia del conteo se volvió tan eficiente que el Rey sabía cuántas velas se consumían en un barrio antes que el propio alcalde.
Aprendimos que estar anotado en un libro oficial era el primer paso para que el gobierno metiera la mano en tu bolsillo, convirtiendo al registrador en el personaje más temido de la administración.
