Familiares de una de las personas implicadas en los hechos registrados el 26 de febrero de 2023 en Soledad de Graciano Sánchez hicieron público su posicionamiento, en el que denunciaron presuntas irregularidades en la investigación y deficiencias en la integración de pruebas en contra de su familiar.
Durante su intervención, subrayaron que la detención de José Luis “N” ocurrió hasta el 18 de agosto de ese mismo año, varios meses después del incidente, situación que, afirmaron, genera dudas sobre la actuación de las autoridades.
De acuerdo con lo expuesto, el conflicto habría comenzado cuando un hombre identificado como Antonio “N”, alias “El Pina”, presuntamente llegó armado y lanzó amenazas contra integrantes de la familia, lo que habría detonado la confrontación.
Sobre la persona fallecida, señalaron que, según su versión, salió con vida del domicilio donde ocurrieron los hechos, lo que, aseguraron, deja abierta la interrogante sobre el sitio exacto en el que se produjeron las lesiones. Añadieron que este aspecto no habría sido plenamente comprobado por la autoridad investigadora.
También indicaron que existían antecedentes de conflicto entre ambas partes, incluyendo denuncias previas y episodios de confrontación constantes. Afirmaron que, en distintas ocasiones, un grupo de personas acudía al domicilio del imputado con la presunta intención de intimidar y presionar para retirar denuncias.
En el posicionamiento, señalaron además que algunos manifestantes podrían estar siendo asesorados por una trabajadora de la Fiscalía General del Estado, identificada como Socorro “N”, por lo que solicitaron que se investigue dicha situación.
Los familiares afirmaron haber enfrentado situaciones de riesgo antes y después de los hechos, incluyendo presuntos ataques al domicilio. Indicaron que incluso se registraron agresiones y detonaciones de arma de fuego contra la vivienda.
Añadieron que, ante este escenario, elementos de la Guardia Nacional intervinieron para resguardar a la familia y facilitar su salida del inmueble, el cual abandonaron por motivos de seguridad.
En relación con el proceso judicial, sostuvieron que la Fiscalía no logró acreditar de manera contundente el delito de homicidio como fue planteado inicialmente. Indicaron que, durante el juicio, se presentaron videos donde se observa el ingreso de varias personas al domicilio, lo que fue interpretado por la defensa como una agresión directa.
Bajo este contexto, señalaron que el juez determinó que los hechos se desarrollaron en un escenario de exceso de legítima defensa, al considerar que el imputado actuó para proteger a su familia.
Finalmente, también cuestionaron la falta de atención inmediata tras lo ocurrido, al señalar que, según su versión, no hubo una intervención oportuna de los servicios de emergencia en el lugar.
