La seguridad pública en San Luis Potosí se encamina hacia un cambio estructural tras la aprobación en comisiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí para reformar la Constitución local. La modificación permitirá que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí y las policías municipales se integren formalmente a tareas de investigación, ampliando sus facultades más allá del esquema preventivo.
De concretarse la reforma, los primeros respondientes no solo resguardarán escenas del crimen, sino que podrán realizar actos de investigación con respaldo legal, en coordinación con las autoridades de procuración de justicia.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, calificó el avance como positivo y alineado con los estándares nacionales.
“Yo creo que esas nuevas adecuaciones obviamente están encaminadas a alinearse a las leyes nacionales, leyes federales. Creo que todo es muy positivo”, expresó.
De la pasividad a la intervención técnica
Juárez Hernández explicó que, bajo el esquema anterior, los elementos preventivos enfrentaban limitaciones jurídicas que les impedían intervenir técnicamente en el lugar de los hechos. Su papel se reducía a recabar datos preliminares y esperar la llegada de la Policía de Investigación.
“Antes solamente llegábamos a tomar datos, a generar cómo estuvieron los hechos, el lugar del hallazgo o el lugar de los hechos y pasábamos la información. Ahora podemos aportar evidencias que antes no estábamos autorizados”, puntualizó.
Para el funcionario, esta ampliación de facultades representa una fortaleza institucional que permitirá responder con mayor rapidez y precisión ante hechos delictivos.
“Tiene muchas ventajas que se le den nuevas facultades de investigación a la Guardia Civil Estatal y su División Caminos. Amplía el que podamos responder rápidamente a las investigaciones; es una fortaleza más para el Estado y para México”, sostuvo.
Coordinación con el Ministerio Público
El secretario subrayó que la reforma no debe verse como un simple ajuste administrativo, sino como una herramienta para mejorar la coordinación con las instancias de administración y procuración de justicia.
“Nos da la oportunidad de coadyuvar con mayor precisión, mayor coordinación y organización con las autoridades de la administración y procuración de justicia”, explicó.
Ante cuestionamientos sobre si estas nuevas responsabilidades podrían restar presencia policial en las calles, Juárez Hernández aseguró que la capacidad de investigar no debilita la vigilancia, sino que la fortalece, al permitir actuaciones más completas desde el primer momento.
Reconoció además el trabajo del Poder Legislativo al impulsar una reforma que, dijo, responde a las deficiencias del sistema actual y a la necesidad de profesionalizar a la corporación estatal.
“Es frustrante llegar al lugar de los hechos y no poder recabar alguna evidencia hasta que llegue la policía de investigación”, concluyó.
De aprobarse en el pleno, la reforma marcaría un giro en el modelo de seguridad pública en la entidad, otorgando a los policías preventivos un papel más activo dentro de la cadena de investigación y buscando acortar los tiempos entre el hecho delictivo y la integración de pruebas ante el Ministerio Público.
