La presidenta del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que la institución trabaja en coordinación con los otros dos poderes para gestionar recursos que permitan la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual implicará la transición a juicios orales en estas materias.
Explicó que actualmente se analizan las necesidades presupuestales, aunque aún no se cuenta con una cifra definida. No obstante, precisó que los requerimientos principales son infraestructura y capacitación.
“Lo primero son espacios, porque al ser oral necesitamos salas especiales. También se requiere capacitación, ya que toda la materia civil y familiar se está trasladando a la oralidad”, señaló.
La magistrada detalló que estas necesidades no solo corresponden a la capital, sino también al interior del estado, donde deberán habilitarse instalaciones adecuadas y personal preparado para operar el nuevo modelo procesal.
Zarazúa Martínez reconoció que la implementación de sistemas orales implica retos operativos, ya que los procedimientos se desarrollan en audiencias continuas, lo que demanda mayor disponibilidad de personal e instalaciones. Además, mencionó que la carga de asuntos en materia penal ha ido en aumento, lo que refleja la exigencia que supone este tipo de justicia.
En cuanto al rezago en juzgados, indicó que uno de los principales factores ha sido la falta de personal de apoyo, particularmente secretarios de acuerdos y proyectistas. Sin embargo, adelantó que el 25 de febrero se emitirá la
primera convocatoria para cubrir estas plazas, lo que permitirá fortalecer el trabajo jurisdiccional y reducir atrasos.
La presidenta del Poder Judicial subrayó que la implementación del nuevo código representa un cambio profundo en la impartición de justicia civil y familiar, por lo que reiteró la importancia del respaldo presupuestal para garantizar su correcta aplicación en San Luis Potosí.
