El gobernador Ricardo Gallardo Cardona designó a María Guadalupe Chávez Meza como nueva titular de la Dirección de Gobernación del Gobierno del Estado, luego de una reestructuración profunda derivada de señalamientos por presuntos actos de corrupción al interior de dicha dependencia.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo estatal, en la Dirección de Gobernación se detectaron prácticas irregulares relacionadas con inspecciones, regulaciones y otorgamiento de permisos, principalmente en giros comerciales. Entre las acusaciones se encuentran cobros indebidos, presiones a comerciantes, manejo discrecional de sanciones y una operación opaca que, según el gobernador, se había normalizado durante años.
Como consecuencia de estas denuncias, se ordenó una “limpia total” en la dependencia. Aproximadamente el 80 por ciento del personal fue dado de baja y el resto reubicado en otras áreas. El entonces director, Concepción Gallardo Martínez, fue removido del cargo y reasignado dentro de la administración estatal, como parte del proceso de reorganización.
El gobernador señaló que esta medida busca erradicar vicios heredados, fortalecer la legalidad y devolver la confianza ciudadana en una de las áreas más sensibles del gobierno, encargada de la supervisión y regulación de actividades comerciales y sociales.
Perfil de la nueva titular
María Guadalupe Chávez Meza cuenta con experiencia en la administración pública estatal. Previamente se desempeñó en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, donde ocupó cargos directivos, entre ellos en el área de Recursos Humanos. En 2023 fue separada de ese encargo tras un incidente que generó polémica pública, situación que derivó en su salida de la dependencia.
Con su nombramiento al frente de la Dirección de Gobernación, el Gobierno del Estado apuesta por un perfil con conocimiento interno de la administración pública para encabezar la etapa de reordenamiento. Chávez Meza trabajará bajo supervisión directa de la Secretaría General de Gobierno y con un equipo renovado, con el objetivo de implementar controles más estrictos, transparentar procesos y evitar la repetición de prácticas irregulares.
El Ejecutivo estatal afirmó que esta nueva etapa estará marcada por mayor vigilancia, rendición de cuentas y una política de cero tolerancia a la corrupción.
