El trabajo infantil puede tener consecuencias legales tanto para quienes contratan a menores en actividades prohibidas como para los adultos que incumplan sus obligaciones de protección, advirtió el secretario del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara.
El funcionario señaló que en algunas zonas de la Huasteca potosina existe la práctica de que padres de familia lleven a sus hijos a trabajar en el campo para obtener mayores ingresos y cubrir las necesidades básicas del hogar. Sin embargo, aclaró que la dependencia no cuenta con casos documentados oficialmente en los que haya confirmado la presencia de menores laborando en ranchos agrícolas o ganaderos.
Sánchez Lara indicó que, además de los posibles riesgos para la integridad de niñas, niños y adolescentes, estas prácticas pueden afectar su educación, debido a que algunos dejan de asistir a clases para acompañar a sus padres a las jornadas laborales. Por ello, la dependencia ha realizado acciones de concientización en coordinación con el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI).
En materia de sanciones, la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones que contraten a menores de 15 años fuera del círculo familiar pueden enfrentar de uno a cuatro años de prisión y multas de 250 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La legislación también contempla medidas para detener estas prácticas y proteger los derechos de los menores.
Respecto a los padres, las consecuencias legales no son automáticas por el simple hecho de que sus hijos los acompañen a trabajar; dependen de las circunstancias y de las normas aplicables. No obstante, la ley establece obligaciones para proteger a los menores, garantizar su educación y evitar que realicen actividades peligrosas o que perjudiquen su desarrollo.
El secretario reconoció que la vigilancia enfrenta limitaciones, pues la dependencia cuenta únicamente con seis inspectores para atender todo San Luis Potosí. Ante este panorama, sostuvo que es necesario reforzar la prevención y la colaboración con las familias para evitar que las necesidades económicas se traduzcan en la incorporación de niñas, niños y adolescentes a trabajos que vulneren sus derechos.
