México se prepara para implementar uno de los cambios más relevantes en materia de telecomunicaciones y seguridad digital. A partir de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles, incluidas SIM físicas y eSIM, deberán estar obligatoriamente registradas y vinculadas a una identidad oficial. Esta disposición se deriva de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y publicados por el Gobierno de México, cuyo objetivo es eliminar el uso anónimo de números celulares, una práctica asociada a delitos como extorsión, fraude telefónico y suplantación de identidad (Gobierno de México, CRT, 2025).
De acuerdo con el Informe Digital 2025 de DataReportal, en México existen más de 127 millones de líneas móviles activas, una cifra superior a la población total del país, lo que confirma que millones de personas cuentan con dos o más números telefónicos. El mismo informe señala que la telefonía móvil es hoy el principal medio de comunicación, acceso a internet y servicios digitales en el país, lo que también la ha convertido en una vía recurrente para actividades ilícitas cuando no existe un registro del usuario.
En el caso de San Luis Potosí, los datos del INEGI indican que el estado cuenta con una población aproximada de 2.9 millones de habitantes. Al aplicar la tasa nacional de penetración móvil —estimada en 86 líneas por cada 100 habitantes, según indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística— se calcula que en la entidad existen alrededor de 2.5 millones de líneas móviles activas, lo que implica que la mayoría de los usuarios deberá realizar el proceso de identificación para conservar su servicio.
Los lineamientos de la CRT establecen que cada persona física podrá registrar hasta 10 líneas móviles a su nombre, mientras que las personas morales deberán acreditar su personalidad jurídica para administrar un mayor número de líneas. La autoridad reguladora advierte que las líneas no registradas podrán ser suspendidas, conservando únicamente acceso a llamadas de emergencia.
La creación de este registro surge como respuesta directa al incremento de delitos cometidos mediante telefonía móvil, particularmente llamadas de extorsión realizadas desde números no identificados. Con esta medida, el gobierno federal busca fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones, reducir el uso ilegal de líneas telefónicas y establecer mayor control sobre uno de los servicios más utilizados en el país.
