En el marco de la reflexión sobre la paternidad responsable, el abandono de hijos y el incumplimiento de las pensiones alimenticias continúan siendo una de las problemáticas familiares más persistentes en México, afectando principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el 10.6 por ciento de las madres mexicanas son solteras, mientras que otro importante porcentaje se encuentra separado, divorciado o viudo, lo que en muchos casos implica que la responsabilidad económica y de crianza recae en una sola persona. La situación se vuelve más preocupante al considerar que, de acuerdo con diversos estudios y resoluciones judiciales citadas en materia de pensiones alimenticias, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben de manera regular la pensión que les corresponde por ley.
En el caso de San Luis Potosí, el problema se refleja en la carga constante que enfrentan los juzgados familiares, donde el incumplimiento de obligaciones alimentarias es uno de los asuntos más recurrentes dentro de los procesos de derecho familiar, de acuerdo con información general del Poder Judicial del Estado.
Aunque no existe una cifra única pública y consolidada sobre el número total de deudores alimentarios en la entidad, autoridades judiciales han reconocido que este tipo de juicios representan una parte importante de la carga de trabajo en materia familiar, particularmente en casos de separación y divorcio. En los últimos años, el tema ha impulsado reformas legislativas y propuestas para fortalecer los mecanismos de cobro y sanción. Durante 2025, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Familiar para obligar a los deudores alimentarios a informar cualquier cambio de empleo o situación laboral ante la autoridad judicial, con el objetivo de evitar que evadan sus responsabilidades económicas.
Además, organizaciones civiles y promotoras de la llamada “Ley Sabina” han insistido en la necesidad de que el padrón de deudores alimentarios sea público, argumentando que la transparencia podría fortalecer el cumplimiento de las obligaciones y reducir la violencia económica contra menores de edad.
Actualmente, dicho padrón en San Luis Potosí permanece bajo resguardo de las autoridades judiciales y sólo puede ser consultado dentro de procedimientos legales. El incumplimiento de las pensiones alimenticias no sólo representa una falta legal, sino también una forma de violencia económica que impacta directamente en la alimentación, educación, salud y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Mientras continúan los esfuerzos legislativos para fortalecer los mecanismos de cobro y sanción, miles de familias mexicanas siguen enfrentando una realidad en la que la ausencia económica de uno de los progenitores se convierte en una carga diaria para quienes asumen en solitario la responsabilidad de la crianza.
