La consejera electoral Dania Ravel advirtió que el procedimiento de responsabilidad administrativa que enfrenta por decisiones tomadas durante el proceso de revocación de mandato de 2021 podría sentar un precedente que afecte la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Explicó que el origen del conflicto se remonta a la consulta de revocación de mandato, cuando el INE no recibió el presupuesto necesario para organizar el ejercicio en los términos que establecía la ley. La legislación obligaba a instalar el mismo número de casillas que en la elección federal anterior, lo que implicaba la contratación de miles de capacitadores y asistentes electorales, así como una amplia logística que requería recursos que no fueron otorgados.
Ante esa situación, una mayoría de consejerías optó por posponer algunas actividades, particularmente la contratación de capacitadores asistentes electorales (CAE), mientras se promovía una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que definiera si se debían asignar más recursos o permitir que el ejercicio se realizara con lo disponible.
Ravel recordó que esa decisión derivó en un hecho inédito en la historia del INE: la presentación de denuncias penales y procedimientos de responsabilidad administrativa contra las consejerías que votaron en ese sentido. La queja fue promovida en su momento por Sergio Gutiérrez Luna, y aunque el proceso de revocación ya se llevó a cabo y la Corte determinó que el Instituto actuó de manera eficaz y eficiente, el procedimiento administrativo sigue abierto.
La consejera señaló que fue notificada en septiembre de 2025 sobre la reactivación del procedimiento, pese a que han transcurrido varios años desde los hechos. Indicó que, en lo personal, la consecuencia inmediata será que no podrá recibir liquidación al concluir el próximo mes su encargo de nueve años, debido a que mantiene abierto dicho proceso.
No obstante, subrayó que lo más grave no es el impacto individual, sino el precedente institucional. Alertó que iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra consejerías por el sentido de su voto podría generar presiones indebidas y mermar la libertad con la que deben actuar en el Consejo General.
“Si por ejercer un voto en conciencia, con sustento jurídico y técnico, se puede enfrentar una denuncia cuando a una fuerza política no le gusta la decisión, entonces se pone en riesgo la autonomía del Instituto”, sostuvo.
Ravel concluyó que las consejerías están obligadas a actuar con independencia y criterio jurídico, y advirtió que cualquier mecanismo que inhiba esa libertad representa una amenaza directa a la fortaleza institucional del árbitro electoral.
