El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que las colonias de la capital potosina han enfrentado abandono y falta de atención, por lo que anunció que su administración proyecta destinar una parte importante de un presupuesto superior a los 10 mil millones de pesos para infraestructura a obras en San Luis Potosí, con énfasis en calles, servicios y espacios recreativos.
El mandatario admitió que durante su administración no se había involucrado lo suficiente en la capital y que existía confianza en que el gobierno municipal estaba realizando un trabajo adecuado, situación que, según dijo, no correspondió con las necesidades que ha encontrado durante sus recorridos “Tengo que reconocer que me ha faltado meterme más a la capital, por eso lo he estado haciendo”, expresó.
Ricardo Gallardo Cardona aseguró que, al visitar distintas colonias, ha encontrado habitantes que se sienten abandonados y olvidados, por lo que justificó la intervención del Gobierno del Estado en trabajos de bacheo, instalación de espacios deportivos y recuperación de áreas recreativas, además de acciones relacionadas con el acceso al agua “Nos confiamos mucho en que se estaba haciendo un trabajo bien en la capital, pero no fue así”, reconoció el gobernador, al referirse a la atención que se ha dado a las necesidades de la ciudad.
El mandatario sostuvo que el presupuesto proyectado para infraestructura superará los 10 mil millones de pesos al sumar los recursos de las distintas dependencias estatales, de los cuales, afirmó, una parte considerable se destinará a la capital potosina.
Al ser cuestionado sobre si este trabajo se realizaría de manera coordinada con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, el gobernador de Estado respondió que se trata de una intervención estatal independiente.
“Individual totalmente”, contestó.
Finalmente, el gobernador afirmó que mantendrá las acciones hasta recuperar las condiciones de las calles, colonias y espacios públicos de la capital. Sus declaraciones colocan nuevamente en el centro de la discusión la responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal en la atención de los servicios públicos, así como la coordinación que deberá existir para resolver las demandas de los habitantes.
