Aunque el Congreso aplazó hasta 2031 la implementación de la reforma en materia civil y familiar, el Poder Judicial de San Luis Potosí mantendrá los trabajos de preparación para la transición al sistema oral, aseguró la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
La titular del Supremo Tribunal de Justicia señaló que el aplazamiento no era un escenario que contemplaran, ya que incluso se trabajaba en un programa piloto en Matehuala para avanzar en la implementación. No obstante, afirmó que la decisión corresponde al Poder Legislativo y será respetada.
Explicó que el principal desafío no es únicamente la infraestructura, sino la capacitación del personal judicial, ya que el cambio implica trasladar completamente los procedimientos civiles y familiares al modelo de oralidad.
Zarazúa Martínez destacó que el tiempo adicional representa una oportunidad para fortalecer la preparación del Poder Judicial, pues advirtió que una reforma de este alcance requiere trabajo constante y no puede dejarse de lado hasta la nueva fecha de entrada en vigor.
