La delegada del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León, pidió no adelantar conclusiones sobre la evaluación del gasto de los partidos políticos correspondiente a 2024, al señalar que el dictamen será analizado formalmente en el Consejo General.
“Hasta mañana lo vamos a ver en Consejo General, entonces tenemos que esperar y no adelantar vísperas”, puntualizó, al referirse al informe de fiscalización que será presentado ante el órgano central del instituto.
Fiscalización y acceso a información
En el contexto de la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Díaz de León expresó que uno de los puntos clave debe ser el fortalecimiento real de la fiscalización, particularmente garantizando que todas las instituciones del Estado entreguen información completa y oportuna al INE.
Señaló que han existido casos en los que instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) no han compartido información relevante, lo que dificulta las labores de supervisión. En ese sentido, destacó que el INE propuso que no se le imponga el secreto ministerial cuando requiera datos para investigar posibles irregularidades, sobre todo ante el riesgo de infiltración del crimen organizado en la política.
Inclusión y derechos político-electorales
La delegada explicó que dentro de las propuestas presentadas por el instituto también se planteó que las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de discriminación queden garantizadas en la ley y no dependan únicamente de la voluntad del Consejo General.
Recorte presupuestal, “un desacierto”
Respecto a la posibilidad de una reducción presupuestal del 25% para el INE, los organismos públicos locales electorales (OPLE) y los partidos políticos, Díaz de León consideró que sería un desacierto.
Recordó que desde la transformación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en INE en 2014, el organismo nacional asumió nuevas atribuciones, como la designación de consejerías en los OPLE, la fiscalización a nivel nacional y la coordinación de la capacitación electoral. A ello se han sumado tareas como la organización de consultas populares, procesos de revocación de mandato, la elección judicial y nuevas responsabilidades en materia de transparencia tras la desaparición del INAI.
