La operación de ladrilleras en la zona metropolitana de San Luis Potosí continúa siendo uno de los temas ambientales más polémicos, no necesariamente por ser el principal foco de contaminación, sino por el impacto social y político que representa.
“No es lo que más contamina, pero sí es lo más político, lo que más genera controversia”, señaló la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza Díaz, al referirse al debate público que rodea esta actividad productiva.
La funcionaria informó que ya existe una norma ambiental en materia de ladrilleras y que en los próximos días se realizará un foro público para darla a conocer a la ciudadanía, con el objetivo de socializar sus alcances y avanzar hacia una regulación más efectiva.
“Estamos por hacer un foro en los próximos días para presentar la norma y que la población conozca cómo se va a aplicar”, explicó.
Mendoza Díaz indicó que la dependencia estatal mantiene comunicación directa con los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez para construir una solución conjunta.
“Se ha tenido comunicación con el municipio para llegar a un acuerdo y que de manera conjunta demos una solución a esta problemática, que es un problema social”, afirmó.
La secretaria subrayó que la regulación no puede recaer únicamente en el estado, ya que los municipios son responsables del uso de suelo y permisos de operación, por lo que la coordinación institucional será clave para lograr resultados.
De acuerdo con registros municipales, en la capital potosina operan poco más de 70 ladrilleras, mientras que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez existen alrededor de 25, lo que suma cerca de 95 unidades productivas en la zona metropolitana. 
Estas actividades representan el sustento económico de cientos de familias, lo que ha complicado históricamente la aplicación de medidas estrictas, ya que cualquier acción implica impactos sociales y laborales.
Autoridades ambientales han reconocido que, aunque las ladrilleras generan emisiones contaminantes principalmente por los combustibles utilizados en los hornos, el reto principal radica en equilibrar la protección ambiental con la subsistencia de quienes dependen de esta actividad.
La nueva norma busca precisamente establecer criterios claros de operación, promover tecnologías menos contaminantes y abrir la puerta a programas de apoyo y reconversión productiva.
Mientras tanto, el tema sigue generando debate público: entre quienes exigen acciones inmediatas por la contaminación y quienes advierten que cerrar ladrilleras sin alternativas económicas podría agravar un problema social de fondo.
