El diputado local Carlos Arreola Mallol defendió la regulación del uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí y aseguró que la legislación aprobada no busca censurar ni perseguir opiniones políticas, sino castigar el uso indebido de herramientas digitales para alterar imágenes, generar contenido sexual falso o provocar daños a terceros.
El legislador explicó que el delito contemplado en la ley no sanciona el uso de inteligencia artificial en general, sino la manipulación de imágenes y videos con fines de daño, lucro o alteración del orden público. Señaló que uno de los principales objetivos es combatir prácticas como la creación de contenido íntimo falso sin consentimiento, especialmente en perjuicio de niñas, jóvenes y mujeres.
Arreola Mallol también exigió a la Fiscalía General del Estado aclarar si existe alguna investigación formal contra la activista y simpatizante de Morena, Roxana Hernández, luego de que su nombre apareciera presuntamente en una lista filtrada. Afirmó que hasta el momento no conocen ninguna carpeta de investigación, orden de aprehensión o expediente oficial, por lo que pidió transparencia para evitar especulaciones y una posible persecución política.
El diputado rechazó las críticas que señalan que la iniciativa fue aprobada “fast track” y aseguró que el tema se ha trabajado desde el inicio de la legislatura, debido al crecimiento de delitos y fraudes relacionados con inteligencia artificial. Añadió que los foros realizados y los próximos encuentros con universidades y especialistas forman parte de un proceso permanente de análisis sobre regulación ética y tecnológica.
Sostuvo que la ley incluye excepciones claras para proteger el periodismo, la sátira política y la libertad de expresión, por lo que consideró “absurdo” afirmar que publicaciones críticas o memes políticos puedan derivar automáticamente en responsabilidades penales. Señaló que la intención es encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica, derechos humanos y seguridad pública.
Finalmente, Carlos Arreola aseguró que San Luis Potosí se convirtió en el primer estado del país en abordar la regulación de la inteligencia artificial desde el Código Penal y reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos defensores de derechos humanos podrán revisar y, en su caso, corregir aspectos de la legislación para fortalecerla.
