La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Denisse Porras, advirtió que el organismo enfrenta una situación financiera crítica derivada de laudos laborales firmes, heredados de administraciones pasadas, que hoy colocan al tribunal incluso bajo la amenaza de un embargo.
Explicó que se trata de dos laudos correspondientes al despido injustificado de dos trabajadoras durante la gestión de una exmagistrada, resoluciones que ya se encuentran en etapa de ejecución, por lo que legalmente “ya no hay nada que hacer”. Ante este escenario, señaló que la ampliación presupuestal solicitada de manera urgente tiene como único objetivo cumplir con estas obligaciones laborales y evitar consecuencias mayores para la institución.
La magistrada subrayó que los recursos solicitados no contemplan fortalecimiento institucional ni mejoras operativas, sino únicamente atender estos compromisos legales, incluyendo también el pago de un haber de retiro que igualmente está siendo exigido.
Porras lamentó que el tribunal enfrente esta presión financiera por decisiones que no corresponden a la actual administración, lo que ha generado una problemática “grave y delicada” que hoy compromete la estabilidad del organismo electoral.
