En el fútbol mexicano, tener casa propia no es una regla, es una excepción. Las exigencias que pesan con rigor en las categorías inferiores se diluyen al llegar a la élite. Mientras en la Liga de Expansión se exige un estadio con capacidad mínima para 30 mil espectadores como requisito indispensable para aspirar al ascenso, en la Liga MX más de la mitad de los clubes juegan cada jornada en inmuebles que no les pertenecen.
La contradicción toma forma con un nombre que se ha vuelto símbolo del desarraigo: Cruz Azul. En menos de una década, el conjunto cementero ha hecho de la mudanza una costumbre. El Estadio Azteca, el Estadio Azulgrana, el Estadio Olímpico Universitario y en esta Jornada 2 del Clausura 2026 “será local” en el Estadio Cuauhtémoc, cancha que por cierto quedó destrozada durante las acciones entre Puebla vs Mazatlán.
Un recorrido que expone un sistema donde la estabilidad no es obligatoria para todos y donde las reglas se aplican con distinta vara según el escudo.
Son pocos los equipos que pueden presumir algo que debería ser elemental en el fútbol profesional: una casa propia. América, Chivas, Rayados, Santos, Toluca, León y Tijuana integran una lista reducida en una liga que presume fortaleza económica, pero que convive con la improvisación en uno de sus pilares.
Existen, además, los estadios universitarios, un territorio aparte dentro del mapa del fútbol nacional. Pumas y Tigres disputan sus partidos en inmuebles administrados por la UNAM y la UANL, respectivamente. De ambos casos, solo Tigres ha puesto sobre la mesa la posibilidad de construir un estadio propio, una promesa impulsada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ha manifestado públicamente su cercanía con el club. A esta categoría se suma FC Juárez, que sin pertenecer a la UACJ, utiliza el Estadio Olímpico Benito Juárez, activo fijo de la casa de estudios.
El Estadio Libertad Financiera, casa del Atlético de San Luis, representa una figura habitual en el fútbol mexicano: el comodato entre socios. El inmueble, propiedad de la familia Payán, fue cedido al Atlético de Madrid por un periodo de 20 años. Sin embargo, la misma familia potosina mantiene participación accionaria en el club, lo que difumina la frontera entre propietario y arrendatario.
El Estadio Jalisco, hogar del Atlas, responde a otra lógica similar. El inmueble pertenece a Clubes Unidos de Jalisco, una asociación civil integrada por diversas instituciones deportivas del estado, entre ellas el propio Atlas y los Leones de la UDG.
En otras plazas, la localía depende directamente del poder público. Gobiernos estatales y municipales de ciudades como Aguascalientes, Pachuca, Puebla, Querétaro y Mazatlán ceden sus estadios a clubes como Necaxa, Pachuca, Puebla, Gallos Blancos y Mazatlán mediante contratos de comodato. El caso más reciente es el de Mazatlán, donde el Gobierno de Sinaloa construyó el Estadio El Encanto durante la administración de Quirino Ordaz Coppel para garantizar la llegada del fútbol profesional a la entidad.
Así, mientras en la Liga de Expansión se exige arraigo, infraestructura y certeza patrimonial para aspirar al crecimiento deportivo, en la Liga MX la localía es, en muchos casos, un concepto prestado. Un contraste que sigue exhibiendo las grietas de un sistema donde no todos compiten bajo las mismas reglas, aunque compartan la misma cancha.
