El proceso de armonización de la legislación estatal en materia de transparencia con la reforma federal buscará conservar los avances que han colocado a San Luis Potosí como una de las entidades con mejores prácticas en acceso a la información, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso.
El titular del organismo explicó que la CEGAIP ha sostenido reuniones con representantes de los tres poderes del Estado para aportar observaciones técnicas durante la elaboración del nuevo marco jurídico, aunque aclaró que la decisión final corresponderá al Congreso del Estado. Señaló que el objetivo es adecuar la legislación local a la reforma federal sin perder las fortalezas que actualmente distinguen a la entidad.
Navarro Alviso destacó que una de las principales propuestas es mantener la actualización mensual de las obligaciones de transparencia en la plataforma estatal, ya que a nivel federal la publicación de información se realiza de manera trimestral. Consideró que este esquema permite ofrecer datos más oportunos a la ciudadanía y facilita el cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Otro de los aspectos que la CEGAIP busca preservar es el plazo de 10 días para responder solicitudes de acceso a la información, vigente en San Luis Potosí, frente a los 15 días contemplados en la legislación federal. A juicio del comisionado presidente, reducir los tiempos fortalece el ejercicio del derecho de acceso a la información y brinda respuestas más ágiles a la población.
Resaltó que la reforma constitucional estatal contempla la creación de un órgano desconcentrado para garantizar la continuidad de las funciones en materia de transparencia, una decisión que, dijo, diferencia a San Luis Potosí de otras entidades que optaron por trasladar estas atribuciones a contralorías o secretarías de buen gobierno.
Finalmente, José Gerardo Navarro Alviso aseguró que la prioridad durante este proceso será proteger los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, procurando que la armonización legal represente una mejora para la ciudadanía y no un retroceso en los mecanismos de transparencia del estado.
