Luego de que este jueves el Congreso del Estado aprobara la derogación de la denominada «Ley Serrano», el diputado Héctor Serrano rechazó que la decisión responda a errores en la elaboración de la norma y sostuvo que las diferencias obedecen a la interpretación jurídica, pese a la nueva acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La llamada «Ley Serrano», impulsada por el propio legislador y aprobada a finales de 2025, incorporó al Código Penal de San Luis Potosí disposiciones relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y sanciones por la difusión de contenidos generados con esta tecnología para cometer diversos delitos. Desde su aprobación fue objeto de críticas y acciones de inconstitucionalidad por parte de organismos de derechos humanos, al considerar que algunos conceptos eran ambiguos y podían vulnerar derechos fundamentales. Este jueves, el Congreso del Estado aprobó su derogación.
Al ser cuestionado sobre si la nueva impugnación de la CNDH, relacionada con el apartado de «mensajes intimidatorios», evidenciaba fallas legislativas, Héctor Serrano respondió que «la técnica legislativa no necesariamente tiene que ver con la apreciación y la interpretación».
Explicó que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la constitucionalidad de las leyes cuando existen acciones promovidas por organismos como la CNDH, por lo que consideró normal que las reformas sean sometidas a revisión. El legislador señaló que, ante las observaciones realizadas, el área jurídica del Congreso analizó modificaciones para evitar incluso que el asunto tuviera que resolverse en la Suprema Corte. Añadió que la derogación de la ley responde a una decisión institucional impulsada por el Ejecutivo estatal y respaldada por su grupo parlamentario, por lo que aseguró que no existe un interés personal detrás de esa determinación.
Afirmó que el debate generado por esta legislación colocó el tema de la inteligencia artificial en la agenda nacional y defendió que el objetivo de la iniciativa siempre fue proteger a las niñas, niños y adolescentes potosinos.
Respecto a si esta nueva impugnación obliga al Congreso a ser más cuidadoso para evitar ambigüedades en futuras reformas, sostuvo que estas siempre existirán, ya que las leyes requieren interpretación y la Constitución se modifica constantemente, por lo que descartó que las controversias constitucionales representen necesariamente errores en la técnica legislativa.
Finalmente, consideró que, aunque el cuerpo técnico del Congreso trabaja para reducir riesgos de inconstitucionalidad, será la Suprema Corte la encargada de determinar si una norma vulnera o no la Constitución, por lo que insistió en que este tipo de procesos forman parte del funcionamiento del sistema democrático.
