Si la historia oficial de San Luis Potosí prefiere recordar a los generales que ganaron batallas, la historia de la normalidad cotidiana le debe mucho más a los burócratas minuciosos como Antero G. González. Este abogado y magistrado potosino entendió, a mediados del siglo XIX, que el mayor enemigo de la estabilidad del estado no eran las revueltas militares, sino el caos absoluto en el que se encontraban las leyes de Hacienda y la administración de la justicia local.
González se impuso la tarea de recopilar y clasificar cronológicamente cada bando, decreto y ley fiscal emitidos en el estado desde la Independencia. Su obra no buscaba la gloria literaria, sino la eficiencia administrativa. Sabía que en una provincia que dependía de la minería y del comercio, la falta de claridad en los impuestos era la fórmula perfecta para la corrupción y la quiebra del gobierno. Al publicar estas compilaciones, Antero G. González le dio al ciudadano y al comerciante un escudo legal contra los abusos de los recaudadores en turno.
Su labor instauró la dictadura del dato financiero en un San Luis que estaba acostumbrado a resolver sus cuentas en lo oscurito. Nos enseñó que un estado moderno no se construye solo con ideales políticos, sino con una burocracia transparente que sepa exactamente cuánto dinero entra a las cajas públicas y bajo qué ley se está gastando. Su legado fue sentar las bases de un orden fiscal que obligó a las autoridades de la cantera rosa a entender que, para gobernar con legitimidad, primero hay que aprender a llevar las cuentas claras.
