El Informe Individual de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona revela que las irregularidades detectadas van más allá de errores administrativos y apuntan a posibles anomalías en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con la auditoría del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, el museo intentó comprobar erogaciones mediante una factura que ya había sido cancelada ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que implica el uso de documentación sin validez fiscal. Por este hecho, se promovió una responsabilidad administrativa.
El informe también advierte que no se trata de un caso aislado. En la revisión a proveedores, se detectó que dos no atendieron los procesos de verificación (compulsa) y otro más no fue localizado en el domicilio fiscal registrado. Estas inconsistencias derivaron en la notificación al SAT para su revisión, al considerar que existen elementos de riesgo en las operaciones de facturación.
A esto se suman pagos por servicios que no cuentan con respaldo suficiente. La auditoría identificó erogaciones por 69 mil 900 pesos en capacitación y 59 mil 103 pesos en servicios profesionales, sin evidencia documental que acredite su realización, como listas de asistencia, reportes o registros de actividades.
Además, se detectaron pagos en efectivo superiores a los 2 mil pesos, realizados sin cheque nominativo ni transferencia bancaria, lo que contraviene la normatividad vigente. Esta irregularidad fue reconocida por el propio museo, pero no fue solventada ante la autoridad fiscalizadora.
En conjunto, los hallazgos delinean un patrón preocupante: uso de comprobantes fiscales irregulares, proveedores no localizables, servicios sin sustento documental y pagos fuera de los mecanismos formales. Más que fallas internas, la auditoría expone deficiencias serias en la comprobación y manejo de recursos públicos.


