La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Giovanna Argüelles Moreno, informó que durante el ejercicio 2025 las mujeres representan el 70 por ciento de las personas que solicitan atención ante el organismo, principalmente para recibir orientación, gestiones o canalizaciones hacia otras instituciones.
La titular del organismo explicó que, de aproximadamente 4 mil 200 atenciones brindadas durante el año pasado, la mayoría correspondieron a gestiones y asesorías, lo que refleja que muchas mujeres en el estado se acercan a la comisión para recibir acompañamiento en trámites o procesos ante autoridades.
Argüelles Moreno destacó que, en varios de estos casos, la comisión mantiene coordinación con los Centros de Justicia para las Mujeres y con la Secretaría de las Mujeres, a fin de canalizar a las usuarias hacia los servicios especializados que ofrecen dichas instituciones.
Respecto a los principales motivos de atención, señaló que también se registran consultas relacionadas con procesos jurisdiccionales, en los cuales la comisión brinda asesoría y, cuando es necesario, canaliza los casos hacia el Poder Judicial de la Federación.
En otro tema, la presidenta de la CEDH confirmó que las detenciones arbitrarias se ubican como la tercera causa de quejas ante el organismo. Incluso, señaló que se inició una investigación de oficio por los hechos registrados en la Central de Abastos.
Detalló que en lo que va del año la comisión ha brindado alrededor de 700 atenciones, de las cuales casi 450 corresponden a orientaciones jurídicas, mientras que una parte de estas se relaciona con presuntas detenciones arbitrarias.
Ante este panorama, Argüelles Moreno indicó que la comisión reforzará capacitaciones dirigidas a corporaciones policiacas municipales, ya que varias de las recomendaciones emitidas el año pasado estuvieron vinculadas con este tipo de actuaciones.
Finalmente, subrayó que además de la defensa de los derechos humanos, la prevención es uno de los pilares del organismo, por lo que continuarán las acciones de capacitación y difusión en municipios y academias policiales para evitar violaciones a los derechos fundamentales.
