El crecimiento turístico en la capital potosina comienza a evidenciar límites en su capacidad operativa. El alcalde Enrique Galindo reconoció que durante recientes eventos la ciudad alcanzó niveles de ocupación prácticamente total, al tiempo que admitió la falta de control sobre una parte importante del hospedaje.
“Sí ocupamos casi todas las habitaciones”, declaró, al referirse a la demanda registrada en días recientes, donde la infraestructura hotelera formal resultó insuficiente y obligó a visitantes a recurrir a plataformas digitales y redes familiares.
El propio edil señaló que una proporción considerable de turistas no se aloja en espacios regulados, ya que optan por quedarse con familiares o mediante servicios como Airbnb, lo que complica tener un registro claro.
“Hasta es difícil de registrar dónde están”, afirmó.
Pese a este escenario, Galindo sostuvo que la ciudad continuará apostando por el crecimiento turístico, aunque reconoció que aún se encuentra en una etapa de ajuste.
“San Luis debe seguir en un proceso de crecimiento turístico, planeado”, mencionó.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre la posibilidad de regular las plataformas de hospedaje, el alcalde descartó que el municipio intervenga en este tema.
“Ya no nos toca a nosotros… la regulación como tal le toca al Congreso”, señaló.
Las declaraciones ocurren en el contexto de la cercanía del Mundial, evento para el cual el propio alcalde proyecta a la capital potosina como un punto estratégico.
“San Luis va a ser protagonista como ciudad central de las tres sedes mundialistas”, aseguró.
A pesar de ello, el reconocimiento de ocupación total, la dependencia de hospedaje no regulado y la ausencia de acciones municipales en materia de control, exponen los retos que enfrenta la ciudad para responder a una demanda turística creciente.
Como respaldo, el alcalde destacó la presencia de cadenas hoteleras internacionales en la capital.
“Prácticamente todas las grandes cadenas hoteleras tienen presencia en San Luis”, indicó.
No obstante, el propio diagnóstico oficial refleja un escenario donde la demanda turística ya supera la capacidad formal disponible, mientras la regulación del hospedaje alternativo permanece fuera del alcance del gobierno municipal.
