El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, exigió al alcalde de San Luis Potosí transparentar los recursos destinados a la construcción de un puente, al señalar presuntas irregularidades y un sobrecosto superior a los 100 millones de pesos.
Luego de que el edil manifestara su disposición para comparecer ante el Poder Legislativo y aclarar los cuestionamientos, el diputado del Partido Verde sostuvo que no basta con acudir al Congreso, sino que deberá presentar documentación que respalde el ejercicio de los recursos públicos.
“Si el alcalde está dispuesto a aclarar todas las dudas, pues que nos entregue los contratos, que nos entregue las transferencias, las cuentas bancarias, que nos diga cuáles son los beneficiarios”, expresó.
Gámez Macías aseguró que el llamado a comparecer tiene sustento constitucional y forma parte de las facultades de fiscalización del Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia. Además, cuestionó que el presidente municipal pretenda convertir este procedimiento en un acto mediático. “No estamos jugando”, advirtió.
Sobre la construcción del puente, afirmó que existen presuntas irregularidades en los contratos y un sobrecosto superior a los 100 millones de pesos. Indicó que el monto de la obra asciende a 245 millones de pesos, por lo que pidió al alcalde explicar cuánto se pagó por materiales como concreto y acero, así como identificar a los beneficiarios de los contratos “Que nos aclare cuánto costó el concreto, cuánto costó el acero y por qué está cuchareado su contrato”, declaró el legislador, quien confirmó que se solicitó una auditoría especial ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), instancia que, aseguró, ya tomó conocimiento del caso.
El diputado también hizo referencia a señalamientos difundidos a nivel nacional sobre presuntos contratos irregulares, así como el manejo financiero de Interapas, al asegurar que durante la gestión del actual alcalde el organismo ha administrado un presupuesto superior a los seis mil millones de pesos.
Finalmente, exigió aclarar la presunta relación del edil con una persona señalada por actividades de huachicol y la asignación de contratos públicos. “El erario público no se puede tomar a broma”, sostuvo, al advertir que la Comisión de Vigilancia continuará señalando posibles excesos municipales y que las instancias fiscalizadoras deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
