El almacenamiento y uso de pirotecnia sin las medidas de seguridad necesarias representa un riesgo para la población, advirtió el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, quien consideró necesario reforzar los controles durante las festividades religiosas y tradiciones populares.
Ante los accidentes registrados en municipios como Xilitla, Villa de Carmona y Santa María del Río, el comandante señaló que el problema no radica únicamente en el uso de estos artefactos, sino también en las condiciones en las que se fabrican, almacenan y manipulan. Estimó que los incidentes de este tipo han dejado entre 10 y 15 personas lesionadas.
Benavente Duque indicó que actualmente existen viviendas en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez donde particulares almacenan productos pirotécnicos para su comercialización, situación que incrementa los riesgos cuando no se cuenta con instalaciones adecuadas ni con personal capacitado para su manejo.
Respecto a la participación de las iglesias en estas celebraciones, reconoció que también existe una responsabilidad en las medidas de prevención, pues en algunos casos los templos almacenan pirotecnia para sus festividades. Consideró que estas instituciones deben tomar en cuenta las experiencias de accidentes ocurridos en otros municipios y establecer medidas especiales para evitar tragedias.
“Todo se puede, pero siempre y cuando tenga su control, su debido proceso, su debida verificación”, expresó el comandante, al señalar que los artificios pirotécnicos deben fabricarse en instalaciones especiales y almacenarse en espacios adecuados, además de ser manipulados por personas capacitadas.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra indiscriminada de pirotecnia y destinar esos recursos a actividades familiares más seguras. Advirtió que muchas personas gastan cantidades importantes en estos productos y posteriormente enfrentan lesiones o incendios en sus viviendas.
Finalmente, sostuvo que las autoridades también deben asumir un papel más activo en la regulación y supervisión de estas actividades, pues las tradiciones religiosas y populares pueden mantenerse, pero bajo condiciones que protejan la integridad de las personas y eviten afectaciones a los animales y a la población en general.
