La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, afirmó que el Poder Judicial de San Luis Potosí atravesó durante su primer año una transformación histórica sin detener su responsabilidad esencial de impartir justicia, al presentar su Primer Informe Anual de Labores ante representantes de los tres poderes, autoridades judiciales y ciudadanía.
Zarazúa Martínez destacó que esta nueva etapa tiene un significado especial debido a que, por primera vez, una parte sustantiva de quienes integran la judicatura potosina llegó a sus responsabilidades mediante el voto ciudadano. Sin embargo, puntualizó que el origen democrático de los cargos no modifica la esencia de la función jurisdiccional, sino que incrementa la obligación de ejercerla con profesionalismo, preparación jurídica, integridad, imparcialidad e independencia.
Explicó que la reforma judicial dio paso a una nueva arquitectura institucional, en la que el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial cuentan con atribuciones diferenciadas. En este sentido, subrayó que separar funciones no debe significar fragmentar al Poder Judicial, de la misma manera que la coordinación entre instituciones no implica invadir competencias.
Entre los resultados del primer año, resaltó que solamente en materia familiar fueron emitidas más de 11 mil sentencias, relacionadas con asuntos como alimentos, guarda y custodia, convivencias, responsabilidades familiares y derechos de niñas, niños y familias. A ello se suma la actividad desarrollada en las materias penal, civil, mercantil y laboral, entre otros ámbitos de competencia.
La magistrada presidenta reconoció el trabajo de juezas, jueces, secretarios, proyectistas, actuarios, notificadores, especialistas y personal de apoyo que permitió mantener en funcionamiento el sistema judicial mientras avanzaba la reorganización. Asimismo, señaló que se recorrieron distintas regiones del estado para conocer directamente las condiciones de los juzgados, necesidades de personal, infraestructura, tecnología y cargas de trabajo.
“La justicia no se vive igual en la capital que en la Huasteca, en el Altiplano o en la Zona Media”, sostuvo al señalar que conocer las diferencias territoriales resulta indispensable para adoptar mejores decisiones y acercar los servicios judiciales a la población.
Como parte de las acciones de fortalecimiento institucional, destacó la especialización de la Quinta Sala en materias civil, familiar y mercantil, así como la expedición de un nuevo Reglamento Interior del Supremo Tribunal después de más de dos décadas. También mencionó avances en sistemas electrónicos, comunicación digital entre poderes judiciales y el análisis de nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la justicia.
Zarazúa Martínez hizo énfasis en la necesidad de contar con resoluciones judiciales claras y comprensibles para la ciudadanía, al considerar que el rigor jurídico no está reñido con un lenguaje accesible. Una sentencia, apuntó, debe permitir conocer qué decidió el tribunal, las razones de esa determinación y sus consecuencias.
Finalmente, defendió la independencia judicial como una condición indispensable para proteger los derechos ciudadanos. Advirtió que haber llegado a los cargos mediante el voto popular no convierte la impartición de justicia en un ejercicio de popularidad, pues las resoluciones deben apegarse a la Constitución, la ley y las pruebas, sin permitir que intereses externos determinen su sentido.
En materia de profesionalización, señaló que el Poder Judicial continuará apostando por la preparación y el mérito, destacando el concurso de oposición para integrar la reserva de secretarias y secretarios, así como el fortalecimiento de la carrera judicial y la formación permanente de quienes forman parte de la institución.
